Firmado en julio de 2018, el acuerdo firmado entre tres partidos y dos sindicatos se podría aplicar si gobernasen estos partidos en la Junta. El pacto incluye subidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya Castilla y León, por detrás de Madrid, es la comunidad autónoma que menos grava a las rentas más altas, por lo que se propone tarifas más elevadas y realizar una revisión detallada de deducciones y bonificaciones.

Para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y para el Impuesto de Patrimonio se plantea una mayor progresividad, con cuotas más altas para herederos y patrimonios más elevados y cuotas más reducidas para patrimonios más reducidos.

También se propone un aumento del gravamen en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; una subida de los tipos actuales y la eliminación de las bonificaciones para la Tasa Fiscal sobre el Juego; además de una mayor presión sobre el fraude fiscal y la economía sumergida, donde se plantea duplicar los medios personales y materiales para la inspección tributaria en Castilla y León.

Además plantean la posibilidad de gravar, por ejemplo, la contaminación, dentro de los impuestos propios de la Comunidad, que suponen el 1,3% de la recaudación del Castilla y León, frente la media nacional de las comunidades que se sitúa en el 2,2%.

Así lo han explicado los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Javier García y Óscar García Barroso, respectivamente; junto al secretario provincial del PSOE, Jesús Caro; el coordinador provincial de IU, José Jiménez; y la candidata de Podemos a las Cortes, Miriam Martín. Todos ellos participarán en un acto dedicadoa  explicar el pacto el miércoles en el Episcopio (19 horas).