En su calificación, el ministerio público considera al acusado responsable de un delito de “asesinato”, con el agravante de parentesco y de género. Por ello, solicita 24 años de prisión. Además, le acusa de otro delito de violencia doméstica, por el que pide que sea condenado a otros dos años de reclusión. Tras su detención el mismo día, el acusado permanece preso en la cárcel de Segovia.

En el momento de los hechos, la expareja, M.B.M. tenía 33 años, al igual que al acusado, que según señaló en aquel momento la Subdelegación del Gobierno, degolló a la que era su pareja en presencia de una de las dos hijas que tenían en común y que contaban con dos y tres años.

Además de los 24 años de prisión por un presunto delito de asesinato, el fiscal pide otros 32 años de prohibición de acercamiento y comunicación "a través de cualquier medio o procedimiento" a sus hijas, a los padres y a la hermana de la fallecida.

Además, el fiscal plantea una pena accesoria de "privación de la patria potestad respecto de sus hijas" y una medida de "libertad vigilada" durante una década "cada vez que abandone el centro penitenciario, cualquiera que sea su duración".

Por el supuesto delito de violencia doméstica, el ministerio público solicita otros dos años de cárcel y la accesoria de privación de la patria potestad y de acercamiento a sus hijas y a los familiares de la víctima durante cinco años más.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal plantea indemnizaciones por un total de 670.000 euros: 250.000 para cada una de sus dos hijas; 70.000 para el padre y la misma cantidad para la madre, así como 30.000 para la hermana de la víctima.

Para el juicio, la fiscalía ha propuesto que comparezcan 12 testigos y ocho peritos, entre los que figuran médicos forenses que realizaron la autopsia, además de los que realizaron el informe psiquiátrico del acusado. También están llamados a declarar varios agentes de la Guardia Civil y de los departamentos de Biología, Toxicología e Infografía.