Especialmente, en un momento en el que los ataques de los cánidos sobre la ganadería "han subido el 39%" en los últimos meses, según ha criticado esta organización, que ve "absurdo" que este fallo proteja una especie que cuenta con una población de "1.900" ejemplares. Al menos, esa es la cifra que figura en un estudio científico cuya procedencia no se revela.

"En vez de velar por los derechos de las personas, en este caso de los ganaderos, el Tribunal Supremo anula definitivamente el Plan de Gestión", ha lamentado UPA-COAG, cuyos responsables denuncian cómo “la expansión descontrolada de especies animales afecta muy seriamente su patrimonio económico".

En este contexto, la Alianza ve "tibias" las actuaciones realizadas por las administraciones competentes en esta materia.

Según los representantes de los ganaderos, los jueces deben entender que quienes están "en peligro de extinción son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña".

Asimismo, han apuntado que la directiva europea Hábitat posibilita "el permiso de actuaciones excepcionales a la protección permitiendo los controles de especies para evitar daños graves en especial a cultivos y ganado".

UPA-COAG ha pedido a la Junta que recurra la sentencia del alto tribunal para conseguir que se controle "una especie que se ha expandido extraordinariamente por todo el territorio regional en los últimos años, provocando daños millonarios a los ganaderos de Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero".

"La protección ilimitada y extrema de la fauna salvaje está provocando plagas y graves problemas sociales, económicos y sanitarios que sorprendentemente siguen siendo secundarios para el colectivo político y judicial", ha concluido la Alianza.