Advierten que la depuración de las Cinco Villas se licita sin evaluación de impacto

En internet han recogido firmas y en la mañana de Nochebuena una asamblea de vecinos de Cuevas del Valle ha instalado una mesa informativa para recibir apoyos, que ya suman 800 en dos semanas.

Según Nuria Blázquez, portavoz de la organización ecologista, “la evaluación de impacto ambiental debe proponer alternativas y escoger la más viable”, lo que “ayudaría a que no se planteara un proyecto sobredimensionado y de enormes impactos ambientales y con tantas fincas expropiadas”.

Así, advierten que si las obras comenzasen sin que el proyecto se sometiera a estudio de impacto la multa podría elevarse hasta los 240.000 euros. Aseguran que al tratarse de una Estación de Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para más de 10.000 habitantes equivalentes, la Ley de Impacto Ambiental 21/2013, en su artículo 7, establece la obligación de que los proyectos sean sometidos a evaluación de impacto ambiental.

La organización ecologista y varias entidades piden que se revoque el convenio firmado por la Mancomunidad de El Barranco de las Cinco Villas con Somacyl y que se paralice el procedimiento de licitación, a la vez que exigen un “proyecto de depuración más sostenible”, como un sistema de fitodepuración que costaría hasta cinco veces menos, tanto en la construcción como en el mantenimiento, sobre los seis millones previstos.

La futura depuradora atenderá a Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle y Mombeltrán).

Expropiaciones

Las entidades que rechazan el proyecto destacan no han recibido respuesta a las alegaciones de los afectados por las expropiaciones de las fincas que recorren los más de 12 kilómetros de colectores, así como la de la propia instalación de la depuradora.

También advierten que, de acuerdo al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, previa a la ejecución de la obra la depuradora necesita una autorización de uso excepcional en suelo rústico, que no les consta en este momento posean.

Las firmas recogidas exigen revocar los acuerdos de los plenos municipales, “devolver la gestión del agua a los municipios y buscar alternativas más sostenibles”.