Según la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones sobre las otras cinco personas que eran investigadas han sido sobreseídas por la misma instancia judicial. Esta situación se produce después de que a mediados de noviembre de 2017 la Guardia Civil desarticulara una presunta trama de caza ilegal de cabra hispánica en Gredos, dentro de la operación Milady, que culminó con la detención de una persona y la investigación a otras cinco.

Tanto al detenido como a los cinco investigados se les considera supuestos responsables de los delitos de cohecho, administración desleal, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Y ello, después de que la operación detectara la existencia de un "entramado" a través del cual se falsificaban los permisos de caza de macho de cabra montés en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos, sobre todo para ciudadanos de otros países.

Inicio de las actuaciones

Todo comenzó en marzo de 2017, cuando la Sociedad de Propietarios de la Sierra de Gredos puso en conocimiento de la Guardia Civil "documentación aparentemente manipulada para amparar cacerías de ciudadanos extranjeros".

Esta circunstancia fue corroborada posteriormente por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, al detectar una licencia de caza falsa que había sido utilizada por un ciudadano estadounidense para cazar un macho de cabra hispánica en este espacio natural abulense.

Ahora, el Juzgado de Piedrahíta ha sobreseído las actuaciones contra las cinco personas investigadas y continúa adelante con la investigación respecto a quien durante "la falsificación  documental, se ocupaba de tramitar las licencias de caza".

La Asociación de Propietarios de la Sierra de Gredos es la entidad que cuenta con el permiso administrativo de la Junta de Castilla y León para gestionar las subastas anuales de caza de unos 200 ejemplares de cabra hispánica.

Cuando la Administración autonómica detectó que una de las licencias de caza podía haber sido falsificada, se puso en contacto con la Asociación  y por ambas partes fue se llevó a cabo la denuncia, dando así comienzo la operación Milady por la Guardia Civil.

Los agentes inspeccionaron "minuciosamente" todo tipo de material informático sobre las licencias, así como de las actividades de los operadores turísticos dedicados a la práctica cinegética, incluyendo también en sus indagaciones al personal de la Reserva de Caza y de la propia Junta. Finalmente, el Juzgado de Piedrahíta no encontró sobre ellos motivos relevantes a efectos penales.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, y la presidenta de la Asociación de Propietarios se han reunido recientemente para analizar el curso de la investigación y "poner en valor la actividad cinegética que se desarrolla en la Sierra de Gredos".