La operación Chacina ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil, que ha detenido a seis personas y que investiga a otras, entre Madrid y Ávila, y ha intervenido paletas de las que algunas ya estaban puestas a la venta en grandes superficies.

El procedimiento era falsificar los números que aparecen en los precintos, que se correspondían con paletas ibéricas que ya habían sido vendidas en campañas anteriores, mezclando los lotes ilegales con lotes legales para así evitar ser detectados.

La investigaron se inició en marzo, cuando la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), denunció ante la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid la venta fraudulenta de productos declarados como ibérico que no lo eran.

La inspección de la localidad madrileña de Alcobendas inmovilizó 42 paletas de cebo ibérico falsificadas, que lo que permitió continuar las averiguaciones, que han culminado con las seis detenciones, e inspecciones en locales distribuidores, puntos de venta, secaderos y mataderos en Madrid, Zaragoza, Salamanca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Navarra, Barcelona y Ávila.

El grupo estaba liderado por un individuo que, en connivencia con un empresario dedicado a la distribución de gasóleo, encargaron precintos de color blanco, que es el utilizado en exclusiva para los productos cárnicos, borrando el logotipo y la numeración, para sustituirla por el logo de la Asociación del Cerdo Ibérico y colocarle una numeración falsificada y duplicada que se corresponde con piezas legales, ya vendidas en campañas anteriores.

Las pesquisas llevaron a los agentes del Seprona hasta un distribuidor en la provincia de Ávila, donde a finales de octubre localizaron 4.000 paletas con precintos falsificados. El principal encausado es un empresario salmantino, dedicado a la comercialización de productos ibéricos, que contaba con la colaboración de otros empresarios de la rama.

Las estimaciones es que el las piezas vendidas de forma irregular podría ascender a 14.000 por un valor de 980.000 euros.

A los encausados se les imputan los delitos de estafa, falsificación, contra la propiedad industrial, relativo al mercado y los consumidores, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.