También tendrá que pagar una multa de 2.160 euros, según la sentencia de la Audiencia Provincial tras un acuerdo entre las partes que evitó la celebración de juicio.

En principio el fiscal había solicitado una pena de prisión de cuatro años, seis meses y día, y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de cuatro años y seis meses, pero antes del momento previsto para la vista oral cambió su petición “al considerar que la acusada obro por error vencible sobre la infracción penal”. Por eso rebajó la pena a un año y dos meses de prisión, y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante un año.

La defensa alegó que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” al ser “simplemente una infracción administrativa", y que si se consideraba como delito había que tener en cuenta los atenuantes de “reparación de daño reconociendo los hechos” y condenarla a un año y dos meses de prisión y un año de inhabilitación.

Según la sentencia, la médico de familia “prescribió una serie de recetas oficiales de la Seguridad Social” a lo largo de 2015, “a sabiendas de que no iban dirigidas a los pacientes que hacía figurar ni estos precisaban de dichos medicamentos”. Afectó a 15 recetas de cuatro pacientes.