La vista oral, durante la cual declararán varios testigos y peritos, se desarrollará los días 18 y 20 de diciembre, para tratar de determinar la posibilidad de posibles delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio por parte de los juzgados.

Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife y la Asociación Centaurea, que denunciaron aquellos hechos y ejercen la acusación particular, consiguieron la paralización de un proyecto que incluía en 2007 la construcción de 7.500 viviendas, tres campos de golf, un edificio para uso como club y hotel, un centro hípico y varias balsas reguladoras. A todo ello se sumaba una estación depuradora de aguas residuales en una superficie de 780.000 metros cuadrados de pinar.

Ahora, como consecuencia de un cambio de normativa por parte de la Junta de Castilla y León, la mayor parte de los terrenos que pretendían ser urbanizados, han pasado a ser rústicos. Se trata de seis de los siete sectores en los que fue dividida la macrourbanización.

Tras surgir la controversia a raíz de las denuncias de los ecologistas, en 2009, fueron paralizadas las obras y posteriormente fueron anuladas en los tribunales, tanto la autorización para seguir adelante con unos trabajos que talaron 10.000 pinos para construir 25 kilómetros de viales, como las concesiones de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Precisamente, la última sentencia en contra de esta urbanización se produjo a mediados de 2013, cuando el Tribunal Supremo ratificó el fallo emitido un año y medio antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Seis sentencias contrarias

Dicho fallo daba la razón a la CHD, al haber negado en 2008 la concesión de agua del Adaja para esta macrourbanización que, además del auto de suspensión cautelar, suma otras seis sentencias contrarias por la vía administrativa.

Ahora se inicia la vía penal, que en los dos días del juicio oral juzgarán a quien era alcalde de este pequeño municipio en aquel momento, José Martín Llorente, así como a dos promotores y el arquitecto que realizó el proyecto.

Todos ellos serán juzgados por un supuesto delito de prevaricación urbanística, relacionado con la aprobación del proyecto "saltándose el procedimiento" y por otro contra la ordenación del territorio, según la abogada de SEO/BirdLife y Centaurea, que actúan como acusación particular, María Soledad Gallego.

SEO7BirdLife y Centaurea solicitan un año y medio de prisión y 8 de inhabilitación para el exalcalde y un año de cárcel para los promotores y el arquitecto como supuestos "cooperadores necesarios", por un presunto delito de prevaricación urbanística.

Por su parte, el fiscal plantea por estos mismos hechos un año de prisión y 8 de inhabilitación para el exregidor, sin que en la calificación de los hechos considere al resto cooperadores necesarios, a diferencia de la acusación particular.

Por el supuesto delito contra la ordenación del territorio, las organizaciones ecologistas solicitan dos años y tres meses de prisión contra los promotores y el arquitecto, mientras que el fiscal rebaja la pena a un año y medio de cárcel. La defensa pide la libre absolución para sus defendidos.