"Ahora ha provocado que sea el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que ahora obliga a la Administración autonómica a elaborar y aprobar este plan”, ha señalado.

Rosado ha recordado que en abril de 2016 su formación denunció la falta del plan y, “dos años y medio después todavía no se ha desarrollado” a pesar “de tanta importancia para la salud humana y vegetal de nuestra comunidad”, ya que produce alteraciones en el sistema inmunológico de las personas y afecta directamente a los cultivos, produciendo pérdidas de hasta el 20% de la producción.

Por eso destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a que la Junta cumpla con elaborar un plan en el marco de la Directiva Europea de Techos de Emisión, y ha lamentado que haya tenido que llegar una sentencia para conseguirlo “pese a que nuestra comunidad supera con creces los límites legales de ozono de la Organización Mundial de la Salud”.

La procuradora ha hecho referencia a los datos de contaminación por ozono, que afectan a más de 290.000 personas en Castilla y León, con especial incidencia en el Valle del Tiétar y del Alberche.