El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Jiménez, ha explicado que las medidas “cautelares” se adoptan ante la “gravedad de la situación” y “hechos gravísimos” después de “un año infringiendo continua y constantemente todas las resoluciones”.

Entre los cuatro expedientados se encuentra el concejal Alberto López Casillas, por lo que se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos sobre su situación en el grupo municipal de IU, por ver si debe dejar de pertenecer a él.

Jiménez ha dicho que la dirección provincial de IU se encuentra “comprometida” para "respetar la voluntad claramente mayoritaria" del conjunto de la formación y de la dirección federal, acerca de los resultados de la consulta realizada en junio de 2017 sobre la posibilidad de concurrir en confluencia con otras formaciones a los comicios. Ha recordado que en el conjunto de España el 76,2% apoyó la confluencia, mientras que en la provincia de Ávila fue del 73%.

"Los concejales del Ayuntamiento y la Coordinadora Local nunca aceptaron ese resultado", que ha señalado este hecho como origen de la crisis, ya que además propusieron convocar un referéndum sobre el mismo asunto alegando que Ávila no se daban las condiciones, aparte de que no han querido adscribir a 16 afiliados procedentes de seis localidades de la provincia en la asamblea de la capital. A la última asamblea local, cuando la dirección provincial ya había adscrito a esos 16 militantes, no se les ha convocado.

“Quizá alguno de los actuales concejales de IU desea encabezar la lista de IU a las próximas elecciones y cree que si se fuera en convergencia con otras fuerzas, su aspiración podría no llegar a producirse", ha dicho en referencia a López Casillas. Y se ha referido a la posibilidad de que "dos de los más empeñados a que IU vaya sola son miembros de Izquierda Abierta y, quizá, de Actúa, la última aventura política de Gaspar Llamazares".

Grupo minoritario

Jiménez ha dicho que se trata de un "grupo minoritario" que pretende "imponer su criterio" al resto de la organización, y les ha acusado de querer “hacerse dueños de unas siglas que no son patrimonio de la dirección local, ni de los representantes en el Ayuntamiento", y ha subrayado que los concejales “están ahí porque IU así lo ha decidido".

Respecto al trabajo de los concejales, ha dicho que “nadie ha discutido la labor del grupo municipal”, del que ha asegurado que en la dirección provincial se encuentran “muy satisfechos, muy contentos”.

Los expedientados con los integrantes de la Coordinadora Local de la capital: el concejal Alberto López Casillas, Jorge Nieto, Montserrat Sánchez e Isabel Casillas, además del afiliado Rafael López Lorenzo por una “falta grave” por haber vertido insultos en Twitter. La concejal Henar Alonso no ha sido sancionada puesto que no es afiliada, a pesar de lo afirmado por el sector crítico.

La asamblea local queda sin dirección, puesto que los cuatro integrantes de la Coordinadora Local, que ejerce el papel de ejecutiva, quedan suspendidos de militancia.

Jiménez ha reconocido que se trata de “una resolución dolorosa” y que “no es agradable”, a la vez que ha lamentado que se hayan salido a relucir “trapos sucios” porque “en todas las familias se discute”. En todo caso, cree que esta situación no afecte a los resultados electorales de la formación.