Día Domingo, 18 de Enero de 2026
Los más de 150 trabajadores del Centro Penitenciario de Brieva secundarán la huelga general convocada por todas las organizaciones sindicales tras la ruptura de negociaciones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Las jornadas de huelga están convocadas para el miércoles 24 y el viernes 26, y para los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Estos paros se producen casi un mes después de que cerca de 300 funcionarios de prisiones se concentraran a las puertas de la cárcel en la que se encuentra recluido Iñaki Urdangarían desde el pasado 18 de junio para exigir al Ministerio del Interior que "cumpla con el compromiso" que asumió de subir los sueldos en 123 millones de euros en tres ejercicios.
Según han informado en nota de prensa CSIF, UGT, ACAIP, CCOO y CIG, organizaciones mayoritarias en Prisiones, todos ellos han emplazado a sus compañeros ara que participen "masivamente" en estas movilizaciones, para instar al Gobierno al" desbloqueo del conflicto laboral", que desde hace más de un año mantienen con la Administración Penitenciaria.
Todas las organizaciones sindicales han denunciado la necesidad de una "negociación real", tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada tres día después, suponiendo un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.
Ante esta situación, los sindicatos se han hecho eco de la "indignación" de los trabajadores, por entender que desde la administración "se ha faltado al respeto a los empleados y empleadas de las prisiones".
"Consideramos que ha quedado truncado el dialogo que iniciamos con el actual partido en el Gobierno, así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores Presupuestos Generales", han argumentado los representantes sindicales.
En este sentido, consideran que el Ejecutivo "debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros" y "adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo".
Asimismo, han denunciado los "abusivos servicios mínimos" que deben "soportar como funcionarios públicos", al entender que les "impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga".





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