Estos datos ofrecen un nuevo panorama para los peajes de Ávila, “un follón”, como lo ha denominado el portavoz de la plataforma, que ha resumido como si en un caso el demandante ganara un pleito y al final el condenado “pierda el juicio y gane más dinero que si no le hubiera demandado”.

La plataforma solicitó a Europa la respuesta que la Comisión Europea dio en su día al Gobierno español, cuando éste dictó un real decreto en 2012 para solventar la ilegalidad -por sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010- de la adjudicación de la ampliación de la autopista AP-6 y la construcción de las AP-51 y AP-61.

La plataforma solicitó sin éxito esa respuesta a través de eurodiputados, pero sí han lo han recibido respuesta a su petición en unas semanas. En esa documentación, la Comisión Europea asegura que la sentencia de ilegalidad ha quedado cumplida por el real decreto de 2012, “a falta de limitar los años de concesión y licitar los siete años restantes”, según ha explicado el portavoz, Ángel Zancajo. O sea, que la concesión a Iberpistas termina en 2024 porque se reduce en siete años el período inicial, pero que entonces habrá que sacarla de nuevo a licitación por otros siete años, indemnizar a la concesionaria, teniendo en cuenta que volvería a presentarse la misma empresa “porque nadie va a licitar por siete años”.

Ante esta situación, la plataforma ha ampliado la denuncia que formuló en julio contra el Gobierno de España ante Europa. En ella consideran que “con los dos reales decretos de 2011 no se ha solucionado el problema de la sentencia, puesto que aplica la retroactividad de las normas”.

“Y es que pretendía ser una sentencia condenatoria se convertirá en un premio para Iberpistas y una doble condena a los ciudadanos españoles”, ha lamentado, ya que la empresa podría exigir 65 millones de euros, que es la cantidad que declara que gana al año”.

“Con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que hizo el Gobierno (en 2012) para cumplirla, estamos peor que si no hubiéramos” recurrido la adjudicación,  con lo que “en el mejor de los casos nos va a costar siete años más de indemnización, y seguimos hablando de 2031”.

Si en una reciente reunión entre CCOO y Centaurea con el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, se habló que 2024 era el año del fin del peaje, la plataforma llama la atención de que se trata de un “error”. “Ojalá fuera así, pero se olvidan que el real decreto que intenta cumplir la sentencia habla de 2024 añadiendo después una licitación de siete años”, ha afirmado.

La situación es “absurda”, “incongruente” y “una tomadura de pelo” a la que la Comisión Europea ha dado el visto bueno, donde “va a costar más legislar para cumplir la sentencia que si no hubiéramos hecho nada”, ante lo que exigen derogar el real decreto.

Con independencia de este proceso, es en noviembre de 2019 cuando “el Gobierno debe decidir cuándo acaba la concesión, entre 2014 y 2031, y la licitación de esos siete años”, de acuerdo a lo indicado por el Tribunal de Justicia Europeo.

La plataforma considera que así queda demostrado que la concesión de la autopista fue “legal”, si bien se trata de “una legalidad absurda que va a costar a los ciudadanos la indemnización que fije el Gobierno”.

Con los datos contenidos en la documentación de la Unión Europea, la plataforma “invita a los partidos a trabajar en el tema”, en especial a los parlamentarios por Ávila, “incluido el que quiere ser presidente del Gobierno”, ha dicho en referencia al presidente nacional del PP, Pablo Casado.

También se lo entregarán a CCOO y Centaurea, que lograron la sentencia de ilegalidad en 2010, por si “encuentran otros puntos jurídicos en que basarse para la derogación del Real Decreto 525/2012, y que nosotros no hayamos sido capaces de ver al no ser juristas, sino simplemente ciudadanos”.

La plataforma quiere llevar en breve las 48.000 firmas recogidas contra el peaje al subdelegado del Gobierno.