Así se ha expresado al rechazar una moción de Ciudadanos que instaba a la Diputación a crear un servicio de extinción de incendios provincial y a estudiar que este departamento involucre y centralice todos los equipos de extinción de incendios y protección civil de la provincia. Igualmente, se pedía incluir en los próximos presupuestos una partida destinada para tal fin, revisando, si fuera necesario, el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Ávila.

La moción ha sido rechazada al considerar que es preceptivo esperar al decreto por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León que está elaborando la Junta de Castilla y León. El portavoz del equipo de Gobierno, Juan Pablo Martín, ha dicho que “la Diputación está dando los pasos que tiene que dar para lo que es inevitable”.

El pleno de la institución provincial correspondiente al mes de septiembre, que se ha celebrado el primer día de octubre, ha durado casi cuatro horas, y ha dedicado bastante tiempo al problema del transporte en la zona de Barco-Piedrahíta. Además ha aprobado, gracias a la abstención del PP, instar a la Junta a que “posibilite la gestión y el tratamiento de los residuos orgánicos de forma directa por parte de ayuntamientos y mancomunidades de forma optativa”.

Según el texto presentado por Trato Ciudadano, ese paso se daría “sin tener que adherirse de forma obligatoria al sistema provincial existente, basado sobre "macroinstalaciones como el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Ávila Sur y Ávila Norte".

Asimismo, plantea “promover la recogida selectiva de materia orgánica entre los municipios de la provincia de Ávila, ya sea para realizar el tratamiento de la materia orgánica en el propio territorio ya para ser transportado al CTR correspondiente, centro que debe incorporar mejoras específicas para su tratamiento.

La moción presentada por el portavoz de TC, Rubén Arroyo, ha salido adelante con los votos favorables de PSOE -7-, Ciudadanos -1-, UPyD -1- y Trato Ciudadano -1-, mientras que PP -13 por la ausencia de uno de los diputados- e IU -1- se han abstenido en la votación.

En el texto, TC hacía referencia a una directiva europea que fijaba en 2020 el año en el que las diferentes administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que “la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, bio-residuos u otras fracciones reciclables alcance en su conjunto, como mínimo, el 50% en peso”.

Sin embargo, esta directiva “ha sido revisada” y respecto a los residuos de gestión municipal se han fiado “objetivos más ambiciosos para el medio y largo plazo: 55% para 2025; 60% para 2030 y 65% para 2035”.

Además, en esa misma revisión se ha incluido también “la obligatoriedad de asegurar la recogida separada de biorresiduos para su tratamiento antes del 31 de diciembre antes de 2023, “aceptando tratamientos in situ, mediante el compostaje doméstico o comunitario o bien en instalaciones específicas de reciclado, especialmente el compostaje o digestión anaerobia, sin que se mezcle con otros residuos”.

“En base a esta revisión, se ha elaborado una modificación que incluye la obligación de la recogida separada de los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2013, para el resto de municipios”, señala el texto de la moción.

Contenedor marrón

Una moción que concluye señalando que la recogida selectiva de materia orgánica es “una obligación ineludible a corto y medio plazo”, de ahí que a juicio de TC “sea necesario promover la misma incorporando un nuevo contenedor marrón de recogida selectiva y mejorando las instalaciones de los CTRs, incorporando una línea específica de materia orgánica, destinada a la gestión separada de dicha fracción”.

Por otra parte, el pleno ha derivado a la Comisión de Cooperación Económica Local, para su estudio, una moción presentada por IU para que la Diputación solicite a un número de entre 10 y 20 municipios los trabajos necesarios para contar en sus ayuntamientos con personal que permita la realización de diferentes tareas.

Se trata de tareas de consultoría, nóminas o sistemas informáticos, como viene registrado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y que en la actualidad tienen cedidas al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), así como para que, en los presupuestos de 2019, se consigne una partida para comenzar a tener una carta de servicios para los municipios.

Y ello, “teniendo conocimiento de que una mayoría de los ayuntamientos de la provincia no disponen de personal propio en sus plantillas para realizar estos trabajos, teniéndolos que derivar a empresas externas”.

Igualmente ha sido derivada, pero en este caso a la Comisión de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades, una moción planteada por UPyD, cuyo objetivo consistía en revisar la situación en la que se encuentran los ocho Centros de Acción Social (CEAS) y las 11 Unidades de Trabajo Social (UTS) de la provincia, de cara a su posible actualización y reorganización.

No obstante, el portavoz del PP, Juan Pablo Martín, ha defendido que los niveles de cobertura son “muy importantes” y que “no existen ineficiencias” desde la perspectiva de los usuarios.