Por ello, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha rubricado un acuerdo con el presidente de la Diputación abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, encaminado a colaborar en la elaboración de las normas urbanísticas territoriales de Ávila.

En la provincia son 173 de los 248 municipios -un 70%- los que carecen de este instrumento de planeamiento urbanístico general, lo que representa el 16% de la población, con 26.000 habitantes, y un 56% de la superficie de la provincia.

En Castilla y León, de los 2.248 municipios, más del 56% -1.268- carece de planeamiento general, lo que representa el 8,3% de la población y el 43,1% de la superficie total de la Comunidad.

Para tratar de corregir esta situación, Suárez-Quiñones ha rubricado en Ávila el quinto de los convenios firmados con las diputaciones provinciales, después de los ya alcanzados en los casos de León, Valladolid, Soria y Burgos.

Estos acuerdos se harán extensivos a todas las provincias interesadas, estableciendo que la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos necesarios para la redacción de las normas urbanísticas serán responsabilidad de la consejería. Por su parte, las diputaciones se encargarán de la coordinación y el apoyo técnico necesario a los municipios para la redacción del planteamiento.

Problema importante

En el caso de Ávila, el convenio suscrito asciende a un total de 200.000 euros, de los cuales la Junta aporta 100.000 y el 50% restante corre a cargo de la institución provincial, cuyo presidente ha agradecido la colaboración del Gobierno autonómico para "abordar un problema tan importante".

Estas Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) establecerán unas normas básicas que permitan alcanzar de forma sostenible un equilibrio entre la población, las actividades productivas y la protección de los valores naturales y culturales.

El consejero ha reivindicado este instrumento urbanístico de planificación para afrontar las "nuevas actividades económicas que se quieren instalar y topan con el muro de esas normas urbanísticas que no contemplan adecuadamente los desarrollos de planeamiento para coordinar las personas, la economía y el medio natural".

En este contexto, Suárez Quiñones ha señalado que la falta de estas normas de planeamiento hace que no se puedan instalar nuevas empresas en los pueblos, algo que constituye un "hándicap que no se puede consentir ni tolerar en una Comunidad que lucha contra la despoblación".