En la última Junta de Gobierno de la institución provincial se aprobó incoar expediente para otorgar  “autorización de uso común especial normal” a favor de la Fundación Privada Johan Cruyff Welfare Foundation y de la Fundación Iker Casillas para instalar “uno de los llamados ‘Cruyff Courts’ en la parcela donde se ubica el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, dentro de su complejo”, que es de titularidad de la Diputación como bien de dominio público.

Se trata de un proyecto con “carácter integrador y terapéutico, en el marco del envejecimiento activo”, según el proyecto elaborado por técnicos del Área de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades de la Diputación, en el que se destaca su carácter novedoso, con la intención de que “pueda servir de integración de nuestros residentes, sus familiares, las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Personas con Capacidades

Diferentes y el deporte escolar para orientar una instalación deportiva en un marco amplio de consecución de objetivos de integración, prevención y relación intergeneracional la través del deporte como vía de inclusión y cohesión social”.

El convenio contempla una inversión por parte de la Fundación Cruyff de cerca de 140.000 euros para la redacción y ejecución del proyecto de campo de fútbol, de 30 metros longitud por 19 metros de ancho, que se ubicará en el lateral del recinto que se encuentra con césped.

A cambio de la inversión en el campo, la instalación quedará con carácter indefinido en manos de la Diputación, que deberá costear antes el vaciado previo del terreno, valorado en casi 12.000 euros, a la vez que se compromete a mantener las instalaciones para garantizar el buen estado de conservación y funcionamiento.

Bienestar físico y mental

Los ‘Cruyff Courts’, según se definen en el acuerdo, son “campos de fútbol que contribuyan al fomento del bienestar físico y mental de los jóvenes, mediante oferta de actividades deportivas, de ocio y el ejercicio físico”, si bien se añade que puede haber otros “beneficios sociales determinados en la memoria justificativa del propio convenio”.

La Diputación no había dado a conocer el proyecto hasta ahora. Ha sido cuando UGT se ha posicionado en contra cuando ha ofrecido detalles.

Según la institución provincial, el trámite administrativo se ha desarrollado “con normalidad”. En su reunión del 30 de julio, la Junta de Gobierno Provincial dio su visto bueno unánime a la firma del convenio y al otorgamiento de autorización de uso común especial normal. Ese mismo día, previamente, se trasladó a la junta de portavoces, y contó con el beneplácito de los presentes.

También se autorizado al presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para que realice los trámites administrativos necesarios para obtener los permisos y licencias que fueran requeridos para poder ejecutar la instalación en los terrenos del centro.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 9 de agosto el inicio del expediente, al que pueden “presentarse soluciones alternativas por quienes tuvieran interés, así como formular las alegaciones u observaciones que consideren convenientes”.