Según han advertido, la parcela donde se pretende acometer el proyecto “es parte de un espacio destinado a un servicio público cuyo uso principal es la sanidad y beneficencia”.

Y también apuntan que el espacio “no es de uso común, generalizado para todos los ciudadanos, sino que forma parte de las instalaciones en las que se desarrolla un servicio público (bien público afecto a un servicio público)”, por lo que, de llevar adelante el proyecto “lo que se estaría haciendo es consolidar un uso privativo de un espacio afecto a un servicio público, privando, en definitiva, de su uso norma a los residentes” del Centro Residencial.

FSP-UGT ha criticado por oscurantista el proyecto, que se aprobó en la Junta de Gobierno y no en pleno “hurtando el debate público” y les llama “poderosamente la atención la cláusula de confidencialidad” contenida en el borrador del acuerdo. El sindicato ha recibido copia del expediente, pero advierten que “pueda ser ampliado con futuros pactos que se tejan en la trastienda y se acojan a la confidencialidad entre las partes”.

Para el sindicato, este convenio supone “el mal uso de fondos o dominio públicos, a la  mayor gloria del presidente de la Diputación”, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que “busca una foto”. Y cree que se tramita en agosto como mes “propicio” para que “proyectos cuando menos polémicos y lamentables pasen desapercibidos”.

Recuerdan que la aprobación inicial del Reglamento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina también fue en este mes, que luego fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.