Barral se ha reunido con el secretario provincial de CCOO de Ávila, Óscar García Barroso, con el presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, y finalmente con el presidente de los empresarios, Juan Saborido.

Al salir de la reunión, los dos primeros han expresado su "satisfacción", dada la "alta receptividad" que dicen haber encontrado por parte del subdelegado del Gobierno.

Después de la reunión, Barral ha mostrado su "compromiso" a trabajar con la subdelegada del Gobierno en Segovia para intentar "buscar una solución a un problema común que afecta a ambas provincias", en alusión a los peajes en estas tres infraestructuras.

Para ello, su intención es mantener una reunión con Martín en torno al mes de septiembre para transmitir posteriormente a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, una postura común de ambos en torno a estas infraestructuras, para que la representante del Gobierno central en la Comunidad haga lo propio con los responsables del Ministerio de Fomento.

Respecto al departamento de José Luis Ábalos, Barral también ha transmitido su intención propiciar la reunión solicitada en su día por los responsables de Comisiones Obreras y Centaurea con representantes de este ministerio.

Real decreto vigente

Sobre las autopistas, el subdelegado se ha remitido al Real Decreto 525/2012 sobre la concesión de estas tres autopistas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminara que en su día se incumplió la ley en el contrato de las obras de la AP-51 y de la AP-61, así como en la prórroga de la AP-6 a Iberpistas.

El subdelegado del Gobierno ha dicho que mientras no sea derogado ese real decreto, se remite a esta "norma legal" que se encuentra "vigente", en base a la cual se decidirá en noviembre de 2019 si la fecha de finalización de la explotación de las autopistas es el año 2024 o 2029.

Fueron Comisiones Obreras y Centaurea las que denunciaron al Ejecutivo central ante el alto tribunal europeo, que finalmente les dio la razón.

Sin embargo, los representantes de estas organizaciones consideran que el real decreto no da cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que supone "un parche que reduce en siete años la concesión".

En este sentido, ambos han reconocido que Barral les ha comentado que "mientras esté en vigor ese real decreto, la legalidad es esa".