En la reunión de la Comisión de Coordinación les ha pedido que hagan “pedagogía” del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio y que escuchen las “dudas” y “necesidades” de los ayuntamientos. “Es la mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos”, les ha dicho.

A la vez, que el objetivo que se persigue es el de “mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, así como mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios esenciales y, en especial, garantizarlos en el medio rural”.

El consejero ha recordado que el anteproyecto ha sido “radicalmente escrupuloso” con el acuerdo de mínimos firmado por la Junta con el PP y el PSOE-PSCyL en octubre.

Ahorro
También ha explicado que la aplicación de este anteproyecto supondría un ahorro mínimo de 231,8 millones de euros anuales para los municipios de hasta 20.000 habitantes, cifra que puede ser aún mayor cuando el modelo de ordenación del territorio esté desarrollado y las 15 mancomunidades de interés general urbanas creadas.

Con estos datos, que irán incluidos en la memoria económica que acompaña a la ley, los 1.977 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes tendrían un ahorro de 82 millones de euros al año; los 212 municipios entre 1.001 y 5.000, un ahorro de 113,6 millones de euros al año; y para los 44 ayuntamientos de entre 5.001 y 20.000 habitantes, el ahorro ascendería a 36 millones de euros.

Alegaciones
La Consejería de la Presidencia ha recibido 35 alegaciones al anteproyecto, de las que 15 corresponden a entidades locales tales como la Federación Regional de Municipios y Provincias; las diputaciones provinciales de Ávila, León, Salamanca y Valladolid; los ayuntamientos de Benavente (Zamora), Valverde de la Virgen (León), Garray (Soria), Medina del Campo (Valladolid), Villaobispo de Otero (León), Tudela de Duero (Valladolid), Aguilar de Campoo (Palencia) y Valladolid; el Consejo Comarcal de El Bierzo; el Consejo de Colegios de Secretarios e Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla y León; cuatro de agentes sociales y partidos políticos: CC.OO. y UGT, Unión de Campesinos de Castilla y León, PSOE-PSCyL; y 16 alegaciones de ciudadanos, en las que se enmarcan las 13 aportaciones a través del portal de Gobierno Abierto de la web de la Junta.