Suspenso en transparencia económico-financiera para el Ayuntamiento de Ávila

Así se desprende del informe elaborado por la organización Transparencia Internacional España, que por cuarta vez ha medido el nivel de transparencia de las entidades locales a partir de un conjunto de ochenta indicadores divididos en seis áreas.

Dichas áreas valoran la información disponible sobre la corporación municipal, sus relaciones con los ciudadanos y la sociedad, su transparencia económico-financiera y su transparencia en las contrataciones de servicios, así como en materia de urbanismo y obras públicas y si la información facilitada por los ayuntamientos cumple las exigencias de la próxima Ley de Transparencia (ver ranking de ayuntamientos).

En el caso del Ayuntamiento de Ávila, la peor nota corresponde a la transparencia económica-financiera, donde ha obtenido un 7,1 sobre 100, cuando la media son 71,2, y al cumplimiento de la Ley de Transparencia, con un 20, siendo la media 57,4.

Por el contrario, las mejores notas del Consistorio de la capital abulense tienen que ver con las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, con un 84,6 y con la información que ofrece sobre la corporación municipal, con un 70,6. Mientras, en contrataciones de servicios logra un 50 y en materia de urbanismo un 58,8 (ver ranking por áreas).

Desde el año 2008, el nivel de transparencia del Ayuntamiento de Ávila ha perdido puestos de manera progresiva, ya que en ese año ocupaba el puesto 39, en 2009 el 63, en 2010 el 87 y ahora el 88.

Diputación
Por su parte, la Diputación Provincial de Ávila se encuentra en el puesto 37, con 30 puntos, también muy debajo de la media, que asciende a 48,6.

Esta nota la sitúa como la peor institución provincial de la Comunidad autónoma en nivel de transparencia y sólo tiene por detrás 9 de las 44 diputaciones analizadas

Los Índices de Transparencia que elabora y publica Transparencia Internacional España miden el nivel de transparencia de las correspondientes instituciones públicas y en ningún caso tratan de medir el nivel de corrupción o la conducta de personas que puedan pertenecer administrativamente o dirigir políticamente las citadas instituciones.