Esta demanda ha sido planteada desde El Barraco por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega Benito, y Julio Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, que ha celebrado en esta localidad su pleno ordinario.

Aprovechando este foro, Sanz Orejudo ha requerido al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que "se faciliten medios a los órganos judiciales para que se pueda disponer de los equipos psicosociales".

Y ello, teniendo en cuenta que Castilla y León tiene una "carencia importante" de los mismos, lo que ocasiona unas "carencias importantes que trascienden la situación, al extremo de perjudicar a los ciudadanos".

El presidente del consejo autonómico ha hecho referencia a la falta de equipos psicosociales en un momento en el que la "conflictividad matrimonial y el tema de las guardas y custodias compartidas requiere de informes puntuales de estos equipos".

Desde su punto de vista, es "positivo" que desde "la presión de la abogacía institucional", quien tiene el poder de decisión "pueda adoptar medidas para beneficiar el trabajo de los compañeros y a los ciudadanos".

De esta manera se pretende que los procedimientos judiciales de familia "puedan tener una resolución contando con esos informes y actualmente existen carencias en esa materia".

Respaldo del Consejo General

Las palabras del presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León han sido respaldadas por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, ya que ha comentado que los abogados "en un momento determinado están cubriendo facetas que no son suyas", sino fruto de la "carencia" de equipos psicosociales.

En este contexto,  la presidenta ha sostenido que este colectivo "está intentando desempeñar su papel lo mejor posible" en asuntos a su juicio "muy sensibles" como la violencia machista.

"Se observa que a veces las mujeres víctimas de violencia de género adolecen de un cierto trato en la abogacía, que si se examina, lo que sucede es que no es propio de la abogacía, sino de los equipos psicosociales", ha argumentado Ortega Benito.

Por ello, ha señalado que al analizarse determinados aspectos, se comprueba que "por parte del abogado o la abogada, en un momento determinado, se están cubriendo facetas que no son suyas, sino que son fruto de la carencia de equipos psicosociales".

Por otra parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía ha comentado que por parte del nuevo Ministerio de Justicia existe "plena conformidad" para sacar adelante el Estatuto General de la Abogacía "en un periodo relativamente breve", después de 5 años de trabajo.

Respecto a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, también ha mostrado su "confianza en que salga adelante", mientras que sobre la Ley de Acceso a la abogacía, considera que tras un periodo de funcionamiento se ha visto que tiene "aspectos muy mejorables".