Dicha operación, denominada Canito Alfa-Brexit, se ha saldado con la detención de 121 personas, la mayoría de origen chino. Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2016 y su desarrollo se ha producido en nueve fases, hasta darla por concluida el pasado 22 de mayo con arrestos y registros en diversas provincias.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes conocieron que ciudadanos chinos afincados en Madrid podían estar comprando al por mayor sustancias estupefacientes a españoles en varias provincias.

Se comprobó que esos españoles que vendían marihuana, eran delincuentes conocidos, en su mayoría con numerosos antecedentes policiales por tráfico de drogas, y se detectaron ventas en localidades de la provincia de Ciudad Real. El destino final de la misma eran ciudades europeas de países como el Reino Unido, Bélgica e Italia

Fue entonces cuando se creó un grupo de trabajo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional, que fue descubriendo la implicación de un gran número de personas en "una organización criminal en red, perfectamente organizada, estructurada y descentralizada y con una división clara y bien definida de los roles, tareas y funciones que cada uno de los integrantes debía de cumplir".

Los jefes eran ciudadanos chinos residentes en su mayoría en países europeos que viajaban puntualmente a España para adquirir la droga y que contaban con intermediarios para conseguir los proveedores.

Otros chinos afincados en España, administradores de sociedades mercantiles con domicilio social en el polígono industrial madrileño de Cobo Calleja, financiaban el tráficos de drogas a los llamados "jefes", al disponer de grandes cantidades de dinero gracias a la evasión fiscal.

Marihuana en Ávila

En la red había también "transportistas", que se encargaban de la logística y envían las drogas por medio de empresas de paquetería postal, y "productores", que cultivaban marihuana en distintos puntos de España, como Ciudad Real, Toledo, Madrid, Ávila, Almería, Cáceres y Badajoz.

La organización llegó a exportar un promedio de 500 kilos de cogollos de marihuana a la semana, lo que supone un valor de mercado de unos 140 millones de euros, pero los agentes descubrieron que no era ése su principal medio de lucro ilegal, sino que la organización estaba dividida en seis "células", cada una de ellas compuesta por un jefe y con diferentes tipologías delictivas y zonas de actuación.

Una de ellas se dedicaba a la distribución de drogas sintéticas introducidas desde Holanda; para ello se usaban cinco chalets clandestinos y karaokes de varios lugares de la Comunidad de Madrid -Usera, Parla, Leganés y Getafe-, donde la organización explotaba a diez mujeres de nacionalidad china.

Otra de las células se dedicaba a la inmigración ilegal y regularizaba de forma fraudulenta a las mujeres de origen asiático que posteriormente explotaban sexualmente en los chalets; y otro grupo extorsionaba a comerciantes chinos a los que prestaba dinero y posteriormente le exigía una cantidad superior a lo pactado, con agresiones físicas o robos con violencia.

Según las investigaciones, también había una célula encargada de falsificar productos que se distribuían en bazares y tiendas.

Registros en la provincia

En la operación en la que además de los 121 detenidos hay siete personas investigadas, se realizaron 88 registros en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Ávila, Almería, Cáceres y Badajoz.

En ellos los agentes se incautaron de 40.000 plantas de marihuana, 1.900 kilos en cogollos de marihuana dispuestos para su venta, dos kilos de cristal (MDMA) ocultos en botes de leche infantil procedentes de Holanda, dos kilos de hachís y 500 gramos de cocaína.

Hallaron también 120 dosis de ketamina, 200 pastillas de éxtasis, 50 dosis de polvo de ángel, 40 dosis de una droga nueva denominada "té", prensas hidráulicas para adulterar cocaína y 150 kilos de sustancia de corte.

Encontraron asimismo una fábrica dedicada a la elaboración y falsificación de baterías de litio y memorias USB, un taller clandestino de falsificación de pantallas y otros componentes de teléfonos móviles, un cetme, fusiles, armas de avancarga, dos armas de fuego cortas, 16 vehículos de alta gama, una motocicleta y 275.000 euros en metálico.

El encargado de instruir las diligencias del caso es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).