Desde Apfcyl recuerdan que las agresiones sexuales y las violaciones son delitos graves que afectan profundamente a la vida y a la salud de las mujeres, y “el periodismo tiene la importante responsabilidad de promover el respeto a las víctimas y no alentar conductas que pongan en riesgo a las mujeres al normalizar las agresiones sexuales”.

La asociación apela a “las normas éticas del tratamiento periodístico de las violencias machistas que rechazan dar voz al vecindario y entorno de los agresores para elaborar la información”, y advierten que “estos testimonios pueden servir para ensalzar a los agresores o dulcificar sus conductas, pese a estar penalmente castigadas”, como en este caso.

También subrayan que es “profundamente nocivo para avanzar en la erradicación de las agresiones sexuales y la violencia de género dibujar perfiles de maltratador o agresor o, como en este caso, difundir una imagen de normalidad acerca de quienes, no lo olvidemos, han sido condenados por abuso sexual continuado”,

La asociación recuerda que el Código Deontológico de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa se Castilla y León) y la guía sobre cómo informar sobre violencia de género del Colegio de Periodistas de Castilla y León, así como leyes como la de Igualdad y la de Violencia de Género establecen pautas, recomendaciones y deberes que los periodistas deben observar con especial celo en casos como este.

Apfcyl no comparte la medida judicial adoptada por la Audiencia Provincial de Navarra de poner en libertad bajo fianza a los cinco condenados por un delito de abuso sexual continuado, y aunque acta la decisión, señala no poder aceptarla “pues no hace sino lanzar un peligroso mensaje a las mujeres, sintiéndonos desprotegidas y atacadas por una justicia que debe velar por nuestra integridad”.

Deber de los periodistas

Por su parte, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha recordado “el deber de los periodistas para con las víctimas de violencia de género y cualquier otro tipo de violencia ejercida sobre las mujeres”.

Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en su Código Deontológico como la guía '30 Claves Informativas sobre Violencia de Género', recogen la necesidad de preservar la identidad de la víctima, no caer en la doble victimización y huir de la información-espectáculo que, con preocupación, advertimos que comienza a darse en este caso.

Subrayan que, en estos casos, la elección de fuentes es primordial y ha de tratarse con especial respeto y cuidado, ya que “los mensajes que humanicen y dulcifiquen a los, por otra parte, condenados por abusos sexuales continuados, no hacen sino atentar contra la dignidad de la víctima y deformar la realidad del caso”. De hecho, el Código Deontológico de la FAPE insta de forma explícita a “prescindir de testimonios de familiares y amigos de personas acusadas o condenadas por un delito”.

El caso de La Manada viene a recordar “la importancia de tratar con especial cuidado las informaciones judiciales, sobre todo en casos de violencia sexual, donde los juicios paralelos y la justificación de conductas delictivas pueden derivar en una doble victimización injusta e innecesaria, así como en la promoción de una imagen de la mujer denigrante y humillante”.