Los procuradores abulenses del Partido Popular han presentado la nueva Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica en Castilla y León, aprobada por unanimidad por todas las for-maciones políticas representadas en las Cortes autonómicas.

Por ello, el procurador José Manuel Fernández Santiago ha subrayado su “carácter estable” y el hecho de que sea una norma “pionera” en España, que incorpora novedades a las medidas existentes y que elimina el carácter coyuntural de unas ayudas que buscan llegar a más perso-nas.

El año pasado esta red llegó a 190.000 personas en Castilla y León, gracias a un presupuesto de 191 millones de euros, de manera que las previsiones, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, apuntan a que se llegar a 200.000 personas, con un presupuesto de 207 millones de euros.

En la provincia de Ávila se beneficiaron 13.000 personas con algo más de ocho millones de euros, lo que significa que ahora esta cifra, al igual que en el resto de la Comunidad, se incrementará igualmente.

Fernández Santiago ha subrayado el carácter estable de esta nueva normativa que incluye cuatro principales derechos, entre los 34 recursos que recoge: a un servicio de apoyo integral para familias en riesgo hipotecario de desahucio; protección económica; ayudas para alquiler de vivienda habitual y un servicio de provisión inmediata de alimentos.

Medidas de apoyo

Asimismo, se crea la figura del Comisionado de la Red y se incluyen medidas de apoyo fuera de la red, con fondos de solidaridad, planes de inserción sociolaboral y operadores energéticos, entre otros.

Con esta red de protección, se posibilitará, además, llegar a más personas y con más rapidez, de modo que se amplía el apoyo y la atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y de desamparo personal; así, entre los colectivos a los que se puede llegar, se encuentran las víctimas de violencia de género, los mayores incapacitados y los menores desprotegidos, ha detallado el procurador Vidal Galicia Jaramillo.

En este sentido, el portavoz del Partido Popular de Ávila, David Beltrán, ha destacado el respaldo unánime que ha obtenido en las Cortes regionales esta ley, lo que sitúa a Castilla y León a la cabeza en materia de atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Fruto de los acuerdos del Diálogo Social y de la colaboración con las organizaciones del Ter-cer Sector, esta red permite dar "una respuesta individualizada, inmediata, integral y profesio-nalizada", con el fin de procurar la inserción social y laboral de los usuarios.