Fueron 1.300 los beneficiarios con las ayudas, que tras ser otorgadas, se ampliaron a todas las que se encontraban en la lista de reserva.

En Castilla y León fueron 18.000, y este año se prevé que sean más de 20.000. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina casi 15,3 millones de euros, cerca de 600.000 euros más que el pasado año.

El delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y ugo Manzano, coordinador de Servicios de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, han explicado las tres novedades de la convocatoria de este año: la primera, que se incrementa el límite máximo de ingresos llegando a tres veces el IPREM, frente a las 2,5 veces de convocatorias anteriores; la segunda, aumenta el porcentaje de subvención hasta el 50 % para jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, diez puntos por encima del porcentaje de subvención general, que se mantiene en el 40 %; y la tercera es que este año ha subido también el límite de renta máxima permitida para poder optar a la subvención que, dependiendo de las zonas en Castilla y León, oscila entre los 500 y 375 euros al mes, ligeramente superior al tope fijado hasta ahora de 475 y 350 euros, respectivamente.

Como en años anteriores, se permiten los cambios de domicilio dentro del territorio de la comunidad de Castilla y León durante la tramitación de la solicitud y no solo cuando se adquiera la condición de beneficiario. El periodo subvencionable es de un año, desde enero a diciembre de 2018. Los interesados tienen un mes de plazo para presentar las solicitudes.

Se trata de “una línea estratégica” en el “apoyo decidido a las rentas más bajas”, según el delegado, “dando prioridad a los colectivos más vulnerables, como son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM, al no requerir un mínimo de ingresos”.

Estas ayudas van dirigidas tanto a personas solas como a unidades de convivencia, es decir, aquel conjunto de personas que habita en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad.

Las ayudas al alquiler se suman a otras dos: las de rehabilitación de edificios y viviendas para la mejora de la eficiencia energética, y las de conservación y mejora de la seguridad y de la accesibilidad, cuyas convocatorias se publicarán en julio.