Javier Cerrajero se ha referido a las declaraciones del teniente de alcalde Héctor Palencia sobre la propiedad de la vieja estación de autobuses, que hace siete meses aseguraron era del Ayuntamiento y ahora esperan una resolución judicial para determinar de quién es.

El edil, que ha recordado su propuesta de convocar un concurso de ideas para determinar el uso final del edificio, ha criticado que ahora se haya decidido paralizar el previsto derribo cuando ya lo pidió entonces “por los mismos motivos que ahora esgrime el PP”, que es la acreditación fehaciente del de la propiedad del edificio.

Cerrajero recuerda que desde el PP le acusaron de “poner palos en las ruedas, retrasar expedientes y querer paralizar la ciudad”. “Sin embargo ahora lo hacen, siete meses después del aviso de UPYD, cuando dos fallos judiciales, el último una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, les dice que no es necesario paralizarlo, si bien ahora se utiliza el argumento de que el Gobierno se ha personado en la causa por la propiedad”, ha explicado.

También ha lamentado que ahora se agota el plazo para la subvención de 200.000 euros concedida por la Junta para el derribo, que ahora se perderán, y hay siete empresas pendientes de la licitación que se verán perjudicadas porque han empleado medios.  “Parece broma, pero desgraciadamente es un capítulo más de la evidente improvisación con la que este equipo de Gobierno hace las cosas, enterrando bajo su soberbia los daños colaterales”, señala.

Cerrajero cree que hubiera sido mejor preguntar entonces a la Junta y al Gobierno si eran propietarios del edificio.
También recuerda que a finales de noviembre recibieron un informe extenso de los técnicos municipales donde se concluye que el Ayuntamiento de Ávila, como titular registral del terreno donde se asienta el edificio “se considera titular de la estación de autobuses” por accesión. “Han hecho trabajar a nuestros técnicos que están saturados de trabajo para que ahora no sirva para nada”, ha lamentado.