Sus reivindicaciones son las de una “eficaz modernización de la justicia” y la “mejora profesional”, solicitando medidas como la revisión de la planta judicial, la compatibilidad de los distintos sistemas informáticos existentes en todo el territorio nacional, inversión suficiente en materia de medios personales y materiales, protección personal y del derecho a la intimidad, así como la adecuación de las categorías profesionales, y una retribución adaptada a las nuevas competencias asumidas desde el año 2009 sin discriminación salarial autonómica.

Las reivindicaciones están acordadas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj).