Así lo ha dicho el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha asistido a la clausura del XV Congreso Nacional de Transportes Urbano y Metropolitano. En referencia al transporte interurbano, sobre el que la Junta es competente, Suárez-Quiñones ha recordado que el sistema actual procede de los años ochenta y que está basado en unas concesiones, dentro de una "distribución territorial y poblacional distinta a la actual".

Por ello, y atendiendo al título del congreso, Suárez-Quiñones ha anunciado que la "nueva era" que se avecina para poner el transporte a la altura de las exigencias de la sociedad del siglo XXI, incluye la elaboración de una nueva Ley de Transporte.

En este sentido, ha apuntado que el proyecto de ley lo llevará al Consejo de Gobierno "en las próximas semanas", antes de que llegue al Parlamento autonómico. Allí, el Gobierno autonómico tratará de alcanzar "el máximo consenso político", ya que en su opinión se trata de "una ley de Comunidad y de futuro".

Consenso

"No es una ley de partido", ha apuntado Suárez-Quiñones, antes apuntar que en su texto tienen que estar "sentido por todas las sensibilidades políticas". El titular de Fomento confía en el consenso de la norma, ya que durante su elaboración se ha trabajado "con algunos partidos aspectos de la ley" que han sido adaptados a "determinadas iniciativas".

En su opinión, el proceso parlamentario "pretende enriquecer las normas con la sensibilidad y la aportación de todos", de ahí que espere que el texto definitivo sea aprobado durante la presente legislatura.

Sobre su contenido, ha señalado que se trata de una "ley integral", que recoge "todos los aspectos del transporte", al mismo tiempo que establece "un catálogo de derechos de los ciudadanos" para recibir un servicio público "de calidad".

Asimismo, ha destacado el hecho de que vaya a dar "un marco jurídico estable, completo e integral para las empresas", lo que al mismo tiempo resulta "muy importante para el sector empresarial".

Por otra parte, Suárez-Quiñones ha adelantado que la nueva ley modificará el sistema público concesional, ya que el actual "tiene que terminar por normativa europea". Esta circunstancia obliga a elaborar un "nuevo mapa concesional que se adecue a los movimientos poblacionales y a las necesidades de movimiento, a la ordenación del territorio y a la realidad de la Castilla y León del siglo XXI".