La normativa “no tiene por objeto endurecer el régimen de sanciones y ser más estricto en la protección de los derechos”, sino en “el origen en el derecho de libre circulación de bienes, personas y mercancías”, y con ella se trata de “encontrar un justo equilibrio a través de la configuración de un sistema”.

En la jornada ‘El reto de las empresas ante la nueva Ley de Protección de Datos’, organizada por la Fundación Ávila y Diario de Ávila, el responsable de los Servicios Jurídicos de la Administración ha explicado que la normativa que entra en vigor ahora no supone “un cambio fundamental de principios y valores de la protección de datos de carácter personal”, pero sí “una modificación del cumplimiento por parte de los sujetos obligados”.

También ha añadido que hay la ley supone la participación “proactiva” de quienes están obligados a cumplir la normativa, que deben “demostrar” que están cumpliendo la normativa.

La ley entra en vigor el 25 de mayo a partir de un reglamento europeo de 2016, y a ella habrá que añadir una ley orgánica en otoño.

En la jornada también ha participado el director en el área de Regulatorio, Administrativo y Competencia de  KPMG, Borja Carvajal, quien ha incidido en que tanto empresas como administraciones deberán afrontar inversiones con recursos humanos y económicos, y ha llamado la atención sobre las sanciones.

La ley marca la posibilidad de imponer sanciones económicas de hasta 20 millones de euros por incumplimiento de los procedimientos. Más allá del importe económico, una sanción produce efectos sobre la reputación de las empresas y la confianza sobre sus clientes, ha advertido el representante de la consultora.