En este contexto, Marcos ha defendido la necesidad de apoyar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos durante la negociación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC).

La consejera, que ha clausurado la jornada 'La nueva PAC. Una oportunidad para el desarrollo económico de Ávila', ha asegurado que Castilla y León tiene "hechos los deberes", al haber un documento de consenso, elaborado con la participación de todos los sectores sociales y políticos de Castilla y León.

Según ha comentado, ese documento "ya lo conoce" el Gobierno, así como comunidades como Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, ya que se trata de un trabajo "muy razonable" que establece "las premisas para encontrar el consenso".

"Lo importante es apoyar al ministerio, que es el que tiene que defender los intereses de todos los agricultores y ganaderos", ha apuntado la titular de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, antes de insistir en que la Comunidad "ya ha hecho los deberes" y los ha puesto "a disposición" del Gobierno y las comunidades.

Sostenibilidad

Teniendo en cuenta el nuevo escenario que tratará de definir la nueva PAC, para Castilla y León resulta imprescindible en la negociación la "defensa para el futuro y la sostenibilidad del campo", así como el hecho de conseguir que "siga siendo agraria y común, con los mismos compromisos".

Desde su punto de vista, en la nueva PAC "no tiene que haber ningún tipo de renacionalización", de manera que sea "en los mismos términos y con los mismos compromisos para todos los agricultores y ganaderos de Europa".

Asimismo, ha abogado por que "no se pierda ni un solo euro de la financiación a agricultores y ganaderos", para lo cual es preciso que exista una "mejor" financiación para que el sector resulte "más atractivo".

A su juicio, la "primera aproximación presupuestaria" distaba "mucho de lo que se pretendía", ya que se pretendía que las ayudas fueran cofinanciadas, mientras los recortes llegaban al 30% en esas ayudas.

Finalmente, se ha conseguido que no haya cofinanciación en las ayudas y que el recorte del 30 por ciento se quede en el 5 por ciento, pese a lo cual, desde Castilla y León se seguirá defendiendo que "no se pierda ni un solo euro de esta financiación". En este camino, ha abogado por apoyar al Gobierno central en la negociación final.