En el VI Encuentro de Familias de Pronisa, la consejera ha dicho que esta entidad es “un referente en Castilla y León” en la atención a la discapacidad, con más de 50 años de trabajo y que ahora cuenta con 223 plazas, de las que 146 están concertadas por la Junta.

Ha agradecido a las familias su compromiso e implicación de “tantos años luchando por los derechos de las personas con discapacidad, haciéndolo con ilusión, esfuerzo y trabajo bien hecho”, a la vez que ha destacado la estrecha colaboración que la Junta mantiene con la entidad, a la que aportó 2,7 millones de euros en 2017.
García ha señalado el “compromiso” de la Junta con las personas con discapacidad con “más recursos y financiación, más actuaciones y apoyos y más apuesta por el empleo”.

Respecto a los recursos y financiación, la Consejería de Familia “incrementa año tras año el presupuesto” y este año destina a las personas con discapacidad más de 140 millones de euros, un incremento del 3,05% (4,1 millones) respecto a 2017. En este sentido, el incremento del presupuesto desde el inicio de la legislatura es de diez millones de euros con un 7,5% de incremento para estas políticas de apoyo a las personas con discapacidad.

También más actuaciones y apoyos enmarcados en el I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que desarrolla un nuevo modelo mejorado de atención a estas personas basado en sus proyectos de vida y en dotar de los apoyos que necesiten en cada momento de su vida.

Empleo

Junto a esto, la consejera ha señalado que “sin empleo no hay integración social” y ha destacado que el empleo para las personas con discapacidad es una prioridad para la Junta, por lo que se ha dotado de varios instrumentos para impulsarlo.

El primero de ellos son los itinerarios de inserción socio-laboral, en los que participaron en 2017 más de 4.000 personas y permitieron la celebración de más de 2.000 contratos, un 26% más que el año anterior. En segundo lugar, la contratación socialmente responsable que desarrolla la Junta y gracias a la cual, en 2017, ya se incorporaron cláusulas sociales en cerca del 82% de la contratación de la administración regional, un incremento de dos puntos con respecto a 2016, en 2.723 contratos que superan los 600 millones de euros.

Junto a esto, otro de los instrumentos de impulso del empleo para las personas con discapacidad es la reserva de contratos que se efectúa a favor de los 209 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León y que dan empleo a 5.462 personas con discapacidad, un 11,8% más de trabajadores que el año anterior y un 41% más de los trabajadores que había en 2012, año en el que comenzó esta iniciativa.

“La verdadera integración social pasa por el empleo”, por eso la Junta “sigue fortaleciendo su apuesta a través de actuaciones como el refuerzo de los itinerarios personalizados de empleo, apoyando y apostando por la figura del asistente personal”.

Además ha expresado “la intención de aprobar este año un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social que recoja aspectos como que todos los contratos que realice la Administración tengan una cláusula social, medioambiental o de innovación, que se amplíen los porcentajes de reserva de contratos y que se traslade la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable en los contratos también al ámbito de las subvenciones públicas, además de extender esta contratación a las corporaciones locales".