Según el coordinador de IU, José Alberto Novoa, el PP debe intervenir “inmediatamente” para esclarecer la situación “reclamando responsabilidades si así fuera necesario” ante un episodio “con el que ellos mismos se desacreditan como políticos”.

Cree que se trata de “una falta de respeto a los abulenses”, tras la querella de Democracia Real Ya contra 63 diputados que perciben dietas de 1.813 euros al mes por alojamiento a pesar de tener vivienda, de acuerdo a la declaración de bienes y renta presentada en el Congreso de los Diputados.

“El silencio se explica desde la situación de cunero con la que fue colocado a la fuerza en las listas abulenses el político amparado por Esperanza Aguirre, la Fundación FAES y el expresidente José María Aznar”, señala.

“Debe ser desagradable para la dirección del partido abulense -añade- tener que salir a dar la cara por alguien que fue impuesto desde Génova y que se encuentra más preocupado de las tertulias políticas y la defensa mediática de compañeros de Nuevas Generaciones que de trabajar por la provincia que le situó en el Congreso de los Diputados”.

Para Novoa, “dado el momento el que nos encontramos”, deben darse “explicaciones oportunas”, que “no sólo implica la esfera de la legalidad, sino de la moralidad por todo lo que implica”. “Los políticos no sólo deben ser honrados, sino que deben parecerlo, y su trabajo debe dirigirse a trabajar por la provincia antes que por su persona y sus intereses”, señala.

Tras la querella, el otro afectado en la provincia, el diputado socialista Pedro José Muñoz, ofreció explicaciones indicando que su residencia se encuentra en su localidad natal, Cebreros, y que de las viviendas de las posee parte de su propiedad no es usufructuario.