La investigación se abrió a raíz de una denuncia, el 30 de enero, de la suplantación de  la identidad para abrir una cuenta corriente y para pedir un crédito a una empresa prestamista.

El denunciante indicó que al tratar de efectuar una compra importante, conoció que había sido incluido en una lista de morosos y que podría haber sido objeto de una estafa, dado que no reconocía el cargo que se le atribuía.

La supuesta autora operaba desde la isla de Gran Canaria a través de anuncios que colgaba en internet o en revistas especializadas: ofrecía puestos de trabajo y, una vez que alguna persona contestaba al anuncio, le pedía su currículum, datos del INSS o copia del DNI, entre otros, para realizar contratos que nunca se efectuaban.

Con estos datos podía abrir cuentas bancarias por internet y solicitaba préstamos a nombre de las víctimas en diferentes empresas, de importes de unos 300 euros como máximo.

Como no se devolvían los préstamos, los titulares eran incluidos en listas de morosos sin que la autora de la estafa resultase afectada.

El dinero ingresado en las cuentas abiertas era dirigido a otras cuentas bancarias derivadas en un entramado organizado para tratar de borrar el destino final real.

En total se la atribuyen 179 delitos de usurpación de estado civil y otros tantos de estafa y falsificación de documentos, pero se continúan las investigaciones por su cometió más delitos similares.