El proceso de primarias que ha comenzado a celebrarse en 13 municipios de Castilla y León no afecta a la capital, donde se ha suspendido de momento porque al finalizar el período de precandidaturas no ha concurrido ninguna mujer y sólo se han presentado candidato masculinos, cuyos nombres no han transcendido.

Uno de los requisitos recogido en el reglamento de la formación morada es la obligatoriedad de una candidatura femenina para que tenga lugar el proceso electoral, que así no tendrá lugar en la ciudad.

Junto a la capital abulense, tampoco en Palencia se celebran primarias, a diferencia de otras ciudades como Segovia, con tres candidatos, Soria con cinco y Valladolid hasta con seis. En Salamanca, Burgos y León no hay procesos porque la renovación tuvo lugar en 2017.

Mientras tanto, en Arenas de San Pedro han concurrido dos precandidatos a la secretaría general: Javier Jara, del círculo comarcal del Valle del Tiétar, y María Pilar Fernández Arribas, fue teniente de alcalde de Casavieja por el PSOE en 2003.

Sin ejecutiva

Por otra parte, el órgano conocido como Consejo Ciudadano desaparece en la capital. La capital abulense es una de las diez ciudades de España en la que Podemos ha decidido reducir su estructura, eliminando lo que en otras formaciones se denomina ejecutiva.

Además, esta medida también afectará a Vitoria; Lleida; Girona; Soria; Zamora; Segovia; Huelva; Santa Cruz de Tenerife y Melilla. En todas ellas, sólo habrá secretario general y asamblea, que agrupa a todos los militantes y los círculos territoriales que haya en cada ciudad.

Estas medidas forman parte del proceso puesto en marcha por la formación morada para adaptar su estructura municipal al volumen real de militantes que tienen en la actualidad. Con los nuevos requisitos aprobados por el área de Organización que dirige Pablo Echenique, los órganos de dirección municipal se reducirán en cerca de un 70% respecto a 2015, cuando se celebró Vistalegre I.

Para poder tener un círculo activo debe existir un censo de militantes ampliado que represente, al menos, el 0,075% del total de los habitantes del municipio, con la posibilidad de poder reducir el porcentaje en un 0,010% por motivos de despoblación o bajo resultado electoral, y de forma excepcional, si lo propone el consejo ciudadano autonómico del territorio correspondiente.