La reivindicación es la de una adecuación salarial por el incremento de funciones que se les han atribuido desde 2009, con lo que quieren que se ponga poner fin a la discriminación salarial horizontal con otros funcionarios grupo A1 del Cuerpo Superior Jurídico de la Administración del Estado, y a la discriminación salarial vertical con respecto a otros funcionarios de la Administración de Justicia.