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De las 146 quejas, 90 tenían que ver con la Administración autonómica, mientras que 41 fueron contra los ayuntamientos y cuatro tenían relación con la Diputación.
En ocho casos la queja era hacia la Administración General del Estado, con la Administración de Justicia y una no tenía que ver con la Administración, según los datos de la memoria anual del Procurador del Común de 2017.
El número de quejas (146) fue inferior a las 166 del año anterior, pero bastantes más a las 94 de 2015 y de años anteriores.
La mayor parte de quejas (62) fueron por problemas con la función pública; y destacan las de relacionadas con familia, igualdad de oportunidades y juventud (20); medio ambiente (12); y régimen jurídico de las corporaciones locales, y bienes y servicios municipales (11).
El total de quejas en Castilla y León ascendió a 3.888, con 21 actuaciones de oficio, y 3.909 expedientes.
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Derroche | Miércoles, 11 de Abril de 2018 a las 00:03:13 horas
La figura del procurador del común no es necesaria,porque ya existe la del defensor del pueblo. En realidad ninguna de las dos sirve para nada, porque no tienen poder decisorio. Es muy conveniente, por tanto, suprimirlas para ahorrar el sueldo magnífico de los expolíticos a los que se coloca en este cargo a dedo, y el de sus asesores enchufados.
Además, cuando se acude a cualquier supuesto defensor de los ciudadanos, sea nacional u autonómico, se comprueba la desidia, y a veces el trato arrogante de los inexpertos asesores.
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