En la rueda de prensa en la que ha propuesto instalar el centro del Prado en el Palacio de los Serrano, ha respondido a la demanda de explicación solicitada por IU ante la querella presentada por Democracia Real Ya contra 63 diputados, entre ellos él y Pablo Casado, del PP.

“Vivo en Cebreros, me parece absurdo que yo saque la tarjeta sanitaria del Sacyl”, ha explicado, para indicar que el detalla de sus bienes  “están recogidos en el Parlamento y provienen mayoritariamente por herencia, algunos alquilados y otros no”.

“En relación con los inmuebles, cualquiera que sepa Derecho sabe que el uso y disfrute corresponde a mi madre, que es la usufructuaria” de ellos, aunque él sea en parte propietario nudo de parte de ellos.

Viviendas sin disponibilidad
“Yo no soy quien para juzgar al resto de los querellados, pero que cuando se hable de mí se hable con propiedad”, ha afirmado, detallando que “jurídicamente no tengo ninguna disponibilidad en relación con esas viviendas”.

A la vez, ha insistido en que “en el fondo es el mismo sistema” de percepciones “que ha habido siempre, esté quien esté en la Mesa del Congreso de los Diputaciones”, recalcando que los diputados no negocian sus condiciones, “no son unos asalariados” y “sus condiciones están fijadas por la mesa del Parlamento, y siempre han sido las mismas desde la primera legislatura”.

“Si algún día la Mesa del Congreso decide alguna otra cuestión, yo la aceptará, como si decide que no tengamos retribuciones, lo cual no me parecería bien porque no podría dedicarse cualquiera”, ha manifestado.

Saben donde viven
Ha explicado que el diputado de UPyD Toni Cantó, que reside en la localidad madrileña de Torrelodones, intentó sin éxito devolver la cantidad que percibe al ser diputado por Valencia y que luego anunció que se lo entrega a una asociación. En todo caso, ha afirmado que cuando los electores de Ávila votan “saben donde viven” los candidatos, en referencia, aunque sin citarlo, a los representantes del PP.

Respecto a la querella propiamente dicha, Muñoz cree que no prosperará porque los presuntos delitos de los que se les acusa, los de apropiación indebida ni malversación de fondos públicos, “nunca corresponden al ámbito penal”.

“Tengo la obligación de respetar al Tribunal Supremo y la decisión que entienda”, sin embargo señaló que como abogado cree que es “materialmente imposible atribuir a un diputado el delito de apropiación indebida porque ningún diputado recibe efectos públicos, tampoco de malversación de fondos”.