El centro permanece cerrado tras ponerse en funcionamiento hace siete años con una inversión de 1,4 millones.

El CAISS daba servicio a una población de 20.000 habitantes y permitía realizar trámites que van desde la solicitud de la tarjeta sanitaria europea, de cara un viaje, hasta prestaciones como pensiones, incapacidad laboral o ayudas por el cuidado de menores.

Según Jesús Caro, portavoz socialista, su supresión conlleva el desplazamiento de los usuarios a la capital, como ya ocurre para otros muchos trámites imposibles de realizarse en el mundo rural por falta de recursos e infraestructuras, lo que a su juicio “repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en el éxodo de los pueblos”. Esta moción se suma a la presentada por UPyD para abrir un CAISS en Arévalo.

Junto a este asunto, el PSOE ha registrado otras dos mociones para el pleno del lunes: una para solicitar la reducción de la ratio alumno-profesor para que el programa Madrugadores pueda implantarse en más pueblos donde el número de escolares es reducido, y otra para reclamar un plan de inversiones en los municipios financiado con el superávit económico de la Diputación.