Quieren que "intercedan" y pidan al Gobierno de España que "cumpla la sentencia" del tribunal que declaró "ilegales" las adjudicaciones de las concesiones y de las obras de las autopistas AP-51, AP-61 y el tercer túnel de la AP-6.

Les recuerdan la sentencia de 2010 que el Gobierno "no ha cumplido dicha sentencia con el Real Decreto de fecha 9 marzo 2012", ya que "intentó legalizar una situación a todas luces inverosímil y que la única concesión legal a Iberpistas (Abertis) venció el pasado 29 de enero de 2018".

La plataforma desean que los defensores del pueblo español y europeo, y el Procurador del Común insten al Gobierno a que cumpla la sentencia “en todos sus términos” para estas autopistas "reviertan al Estado y desde ese momento pasen a ser gratuitas”.