La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 47 personas -la mayoría de ellos españoles, aunque también marroquíes, holandeses, rumanos, mauritanos y alemanes- integrantes de la trama, en varias operaciones que han permitido recuperar 25 vehículos de este tipo valorados en 1,2 millones de euros.

El destino de la maquinaria de obra pública y civil robada en diversas provincias españolas, entre ellas Castellón, era, en la mayoría de los casos, su venta y exportación ilegal a países africanos o de Oriente Medio.

Más de un centenar de agentes han participado en las investigaciones, todavía abiertas y que han tenido como objetivo desarticular un entramado criminal que estaba formado por varias redes organizadas dedicadas al robo de la maquinaria.

La primera operación se remonta al verano de 2011, pero fue en la denominada Kayak, en mayo de 2012 cuando los investigadores detectaron otro grupo criminal organizado asentado en Madrid, y dedicado al alquiler ilegal y posterior apropiación de maquinaria mediante la utilización de identidades falsas.

El control sobre las máquinas alquiladas desembocó en la detención de cinco personas, ya que, además de presentar documentación falsa para lograr el alquiler de las máquinas, pretendían sustraerlas.

Máquinas ocultas
En un primer momento trasladaron las máquinas desde el lugar de descarga, donde en teoría iban a realizar trabajos, hasta un punto elegido por la organización, donde de forma discreta pretendían ocultarlas en el interior de un vehículo remolque tipo frigorífico para transportarlas a Valencia y desde allí embarcarlas a países extracomunitarias.

Fueron detenidos I.M.R., español de 34 años y vecino de Ávila; P.D.C.D., de 37 y vecino de Segovia; M.F.D. y C.B.H., ambos de 28 años, rumanos residentes en Madrid; y M.A.G.D., de 41 años y vecino de Guadalajara. Se recuperaron una retroexcavadora mixta marca JCB modelo 3CX-4 y un manipulador telescópico JCB modelo 540-170.

Primeros robos
La trama comenzó a detectarse con anterioridad, en agosto de 2011, cuando la Guardia Civil detectó robos de maquinaria de obra pública, previamente alquilada en varios concesionarios del sector, perpetrados en diferentes localidades, entre ellas Albacete y Villarobledo,  en esa misma provincia; Jaén capital, Peligros (Granada), Molina de Segura (Murcia), Daimiel (Ciudad Real), Seseña (Toledo), Almazora (Castellón) y Ciempozuelos (Madrid).

Como resultado de las pesquisas, los agentes concluyeron que no se trataba de hechos aislados, sino de un plan previamente diseñado, como demostraba el tipo de máquinas sustraídas, los lugares de descarga, los periodos de alquiler o el modo de alquilarlas.

En la primera operación, denominada Góndola, se comprobó que los implicados se hacían pasar por directivos de empresas solventes, cuyos datos recababan en internet, para así alquilar las máquinas que, según decían, iban a usar en distintas obras.

Procedimiento
Una vez cerrado el acuerdo a través del teléfono o la red, pagaban una pequeña fianza, que ingresaban en la cuenta de la víctima y disponían de las máquinas, que trasladaban primero a polígonos industriales poco transitados y después a locales alejados para modificar sus características externas y de identificación.

Las víctimas no recibían nunca el resto del dinero, no podían ponerse en contacto con quienes las alquilaban porque habían dado de baja los teléfonos facilitados y la única persona que los transportistas de las máquinas veían cuando hacían la entrega era un hombre que usaba el DNI de una persona ajena al caso. Para dificultar su identificación, los responsables de recoger y manipular las máquinas se alojaban siempre en hoteles de carretera que reservaba una mujer a su nombre.

Una vez manipuladas, las máquinas eran exportadas por un precio inferior a su valor en el mercado al norte de África, donde hay un mercado emergente de esta herramienta y poco control. Además, para la exportación la trama utilizaban sociedades mercantiles legales pero controladas por miembros de la red.

Las primeras pesquisas dieron como resultado la detención de siete personas y la recuperación de ocho máquinas: dos plataformas elevadoras, dos torres de iluminación, dos manipuladores telescópicos, una excavadora y un martillo hidráulico. Incluso, se pudo suspender la exportación de otras dos máquinas pesadas desde el puerto de Valencia a Marruecos.

Esta primera operación supuso el inicio de otras en las que se constató la existencia de otros grupos delictivos dedicados a lo mismo y, en algunos aspectos, conectados entre sí. Luego llegó la operación Kayak y en octubre la Icarus, cuando se detuvo a 15 personas dedicadas a las mismas operaciones en Murcia y Albacete, y se inmovilizaron 80 máquinas recuperando cinco que ya habían sido vendidas por internet a terceros países.

Se calcula que esta organización había comercializado unas 70 máquinas, por un valor medio de 40.000 euros cada una. Ese mismo mes, la operación Arreake, en Murcia, se saldó con cuatro detenidos, que tenían como objetivo era trasladar las máquinas a Holanda y, desde allí, a Oriente Medio.

Y en diciembre, una vez fuera de prisión los detenidos en la primera fase, la Guardia Civil y la Policía observaron una reactivación de estos delitos y pusieron en marcha la operación Retorno, en la que fueron detenidas 11 personas y recuperadas siete máquinas de las once que se habían apropiado.