El escrito remitido a la Diputación por el Procurador del Común agradece la información facilitada desde la institución provincial, que ha permitido “una vez analizado el motivo de la queja y la información proporcionada” archivar el expediente.   

Tras recibir la solicitud de información por parte del Procurador del Común, ante una queja recibida, la Diputación remitió a esta institución el expediente tramitado para la aprobación del reglamento, desde el inicio del trámite de aprobación al escrito de alegaciones de la Federación de Servicios Públicos (Fesp) de UGT.

Respuesta

Precisamente el sindicato ha respondido al presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que afirmó que creía que no era noble el objetivo del sindicato al impugnar y recurrir decisiones. “Nuestro único interés es evitar que Diputación arruine una de las mejores residencias de la provincia de Ávila y elimine una buena cantidad de puestos de trabajo legítimos para crear otros de forma poco ortodoxa”, han indicado José Carlos Pajares.

Recuerda que cuando se pretensión hacer una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se incumplió la promesa del calendario para negociar y “todo quedó en agua de borrajas” y critican que “van quedando puestos de trabajo de las plantillas de funcionarios y laborales vacantes y no se cubren por los mecanismos establecidos en la RPT”, y que “no se cubren las vacantes ni las necesidades de los diferentes servicios tal como deben cubrirse” o “haciendo caso omiso a lo establecido en las normas aplicables”, que han terminado en “el reproche judicial”.

UGT ha justificado la impugnación de dos designaciones porque “vuelve a intentar nombrar a la misma persona que intentó que se hiciera cargo de la dirección del Centro Infantas, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia”, y porque “pretende habilitar de forma presuntamente irregular a un funcionario interino para que ocupe una plaza de asesor jurídico de la que ni siquiera existe vacante”.

Pajares ha lamentado que el presidente de la Diputación dude de un sindicato “con una trayectoria intachable”, porque “jamás nadie nos condenó, ni se querelló, por falsas acusaciones a pesar de haber hecho públicos temas más que comprometidos”.

Tras asegurar que su intención sólo es “la defensa de los trabajadores y los servicios públicos”, ha afirmado que la institución provincial ha sido condenada “15 veces en dos años” con sentencias donde “figuran menciones de los tribunales contra su gestión tan graves como presunta desviación de poder y ocultación de informes”.