Estas dos organizaciones, que recurrieron la adjudicación y recurrieron una sentencia favorable,creen que  “sólo sirve para mantener la situación actual de ilegalidad que pesa sobre la gestión de la AP-6”.

Según explican, la proposición es “sumamente incongruente” porque, pese a reconocer en su punto primero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la concesión otorgada en 1999 a Castellana de Autopistas (Iberpistas) para la construcción, conservación y explotación de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, e insta al Gobierno al cumplimiento estricto de la sentencia; en el segundo punto “asume implícitamente que la empresa siga gestionando la AP-6 sine die, pese a que la única concesión legalmente vigente que tenía esta empresa sobre la AP-6 finalizó ya el pasado 29 de enero de 2018”.

Por eso creen que la proposición hace “un gran favor a Iberpistas, a la que curiosamente ni siquiera menciona en el texto de la moción, y un flaco favor a la ciudadanía”, que “ve alejarse su derecho a dejar de pagar un peaje por circular por una infraestructura que debía haber pasado a manos del Estado para su gestión pública”, aparte de que “ha sido sobradamente amortizada por Iberpistas en los 50 años que duró la concesión de 1968”.

Centaurea y CCOO critican que desde que se conoció la sentencia en 2010 ninguno de los gobiernos, de PSOE y PP, se ha preocupado de “cumplir sentencia de forma real y efectiva”, que “como mínimo obligaba al Estado a repetir la adjudicación” cumpliendo la normativa que “en aquel momento vulneró flagrantemente”.