Se trata de cantidades correspondientes a pagos de la manutención en días de guardia o el abono de la atención continuada en periodos de baja, con sentencias firmes desde hace un año en algunos, según el sindicato Satse.

Según el secretario provincial del sindicato, Fernando Cócera, “la gerente de Ávila y el gerente del Saycl hacen caso omiso a las sentencias y retrasan su aplicación, mientras los jueces dictan autos de ejecución forzosa y llegan a advertirles de la imposición de multas y de exigirles responsabilidades patrimoniales si no se cumplen”.

Esta situación supone “una clara desobediencia jurídica, así como el gasto en costas judiciales que está suponiendo para las arcas públicas”.

Esto deriva de “una práctica habitual” por parte de los responsables sanitarios de la  “denegación de reclamaciones de los trabajadores cuando éstos se sienten perjudicados en sus derechos laborales básicos, bien en materia retributiva, de jornada, de permisos o de condiciones laborales”.

Sin respuesta

Y es que la Administración “no contesta a sus reclamaciones o, si lo hace, los argumentos jurídicos son escasos o poco fundamentados”, por lo que la opción de los profesionales no tienen otra opción que acudir a los juzgados, con el consiguiente coste económico y el retraso en la solución.

Según Satse, los responsables sanitarios incumplen la ejecución de sentencias firmes y retrasan su ejecución hasta “límites insospechados”, lo cual consideran “especialmente grave” al tratarse de los máximos responsables sanitarios provinciales o autonómicos”, que provocan el pago de las costas con dinero público, ya que el juez ha llegado a dictar autos de ejecución forzosa.

Sin embargo, la sentencia sigue sin ejecutarse y el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ávila ha dictado una diligencia de ordenación, que ha trasladado a la Administración con los apercibimientos de sanciones económicas, responsabilidades patrimoniales y “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, por si la Fiscalía considera oportuno comenzar diligencias por vía penal contra los responsables.