Las denuncias han sido presentadas en las diferentes fiscalías provinciales como primer paso. “En caso que la Fiscalía no abra diligencias, en los casos más flagrantes se interpondrían directamente querellas en los juzgados ordinarios”, según el senador Carlos Mulet.

El regidor de Tórtoles, Florencio Orgaz, respondió en enero al Senado que sobre los símbolos franquistas “no hay ningún acuerdo ni expediente solicitado”.

También han sido denunciados los alcaldes de Ocaña (Toledo), Serratella  (Castellón), Pajares de Laguna (Salamanca, denunciado también por injurias y calumnias), Rionegro  del Puente (Zamora), La Roda (Albacete) y Nalvalmoral de la Mata (Cáceres).

Antes de la denuncia, la formación valenciana requirió al Gobierno para que instara, hasta en dos ocasiones, a los ayuntamientos a cumplir con la legalidad. Luego Compromís requirió a los propios ayuntamientos el cambio de la nomenclatura franquista. Algunos lo han hecho, otros se encuentran en proceso de cambiarlo y otros no han respondido en tiempo y se les ha requerido reiteradamente la información. Algunos han contestado que no han cumplido la ley ni muestran interés de hacerlo, por eso han llevado ante la justicia casos en que no han respondido, por un posible delito de desobediencia, como a los que no cumplen con la ley, por posibles delitos de prevaricación.  

Estas primeras “servirán para explorar qué fiscalías son más proactivas a actuar en estos casos, qué argumentos dan y qué vías tomar”, ya que “la ley, si está en vigor se ha de cumplir en todos sus extremos y ha existido tiempo suficiente para poder cumplirla”.