La tijera del Gobierno llega a los trenes

De este modo, en la relación aprobada se incluye la totalidad de los servicios ferroviarios que actualmente se prestan en la provincia de Ávila, salvo la conexión Ávila-Salamanca, de lo que se deduce que los trenes dejarán de realizar paradas comerciales en las estaciones de Cardeñosa, San Pedro del Arroyo, Crespos y Narros del Castillo.

Tampoco figura como servicio público el enlace Ávila-Madrid, si bien aparece el trayecto Madrid-Las Navas del Marqués, lo que hace suponer que los trenes de viajeros dejarán de efectuar parada en las estaciones de La Cañada y Navalperal de Pinares.

Eso sí, el Ministerio de Fomento deja una puerta abierta a que la Junta de Castilla y León, si está interesada en la prestación de los citados servicios ferroviarios, formalice el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo la financiación del déficit de explotación de dichos servicios.

No obstante, el hecho de que una conexión sea declarada de obligación de servicio público no garantiza que la misma se preste con tren, puesto que el Gobierno ha optado por una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera, apostándose por aquel modo que sea más eficiente en cada caso.

Plazos
El plan de racionalización de los servicios de media distancia se implantará en varias fases y se ha establecido un plazo de seis meses para su aplicación, por lo que antes del 30 de junio de 2013, el Consejo de Ministros definirá qué servicios resulta pertinente sujetar a obligación de servicio público para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transportes.

Junto a ello, el Ministerio de Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por 100. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.

El Gobierno ha acometido este plan con el consenso de las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector.