“La única concesión legalmente vigente” sobre la AP-6 es la de 1968, que concluye el 29 de enero de 2018, por eso el Ministerio de Fomento debe hacer cumplir la sentencia que declaró ilegal la adjudicación a Iberpistas.

Fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada a instancias de CCOO y la asociación ecologista Centaurea, que recuerdan que en abril de 2010 se dictaminó la ilegalidad de la concesión otorgada en 1999 a Castellana de Autopistas (Iberpistas, hoy Abertis) para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51).

Por tanto, consideran que “dado que ninguno de los sucesivos gobiernos españoles se ha preocupado de cumplir de forma real y efectiva” la sentencia, “se da la situación de que la única concesión legalmente vigente sobre la AP-6 es la que se otorgó a Iberpistas en 1968, que termina el 29 de enero, momento en que deberá ser recuperada por el Estado y pasar a tener una gestión pública”.

Según Centaurea y CCOO, la concesión de 1999 fue “un auténtico montaje por parte de los gobiernos de José María Aznar que no perseguía otra finalidad que la de prorrogar la explotación de la AP-6 y los túneles de Guadarrama por parte de Iberpistas”.

Chanchullo

Así, aseguran que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, “las maniobras del Gobierno Aznar para sacar adelante la adjudicación fue un chanchullo”.

Recuerdan que “se trató de un manejo ilícito, como demostró la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, para conseguir un fin, y especialmente para lucrarse, ya que con esa adjudicación de 1999 se intentó prorrogar, fraudulentamente, la concesión de 1968 a Iberpistas”.

Destacan que las autopistas AP-51 y la AP-61 “están operando en una situación de alegalidad”, puesto que la adjudicación de 1999 por la que éstas se otorgaron a Iberpistas es ilegal por sentencia del TJUE. Por ello, aunque el Estado debiera volver a licitarlas, “lo lógico es que sean rescatadas por el Estado y se conviertan en autovías gratuitas”.

El Estado no ha cumplido aún la sentencia “que le obligaba, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación de ese paquete de autopistas cumpliendo la normativa que en aquel momento vulneró”.

Sentencia sin cumplir

Ambas organizaciones aclaran que el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo (publicado en el BOE el 16 de marzo), que modifica puntualmente algún aspecto de la adjudicación de 1999, no supone el cumplimiento de la sentencia, de 22 de abril de 2010, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las modificaciones de ese real decreto son “meras cuestiones incidentales, que no alteran en nada la concesión declarada ilegal”, ya que la reducción en siete años del periodo concesional que plasma “únicamente ponen de relieve y certifican la improcedencia de la concesión tal y como se realizó”.

“Si el paquete de obra adicional era ilegal, no cabe otra solución que la revisión total de la concesión, puesto que la adjudicación constituye un todo”, añaden, además de proponer que se salvaguarden los puestos de trabajo actuales.

Según CCOO y Centaurea, “la transformación de estas autopistas de peaje en autovías gratuitas, como ha demandado históricamente la sociedad abulense y segoviana, generaría un enorme beneficio a los ciudadanos y la economía, no sólo de estas provincias y de toda Castilla y León, sino incluso a nivel estatal”.

Estas organizaciones llaman a participar en la concentración convocada por la Plataforma Ávila Libre de Peajes.