El número de empleados públicos en la provincia es de 10.872, con lo que es la tercera provincia de Castilla y León con menor número, tras Soria (7.742) y Palencia (10.380),  y la cuarta en España después de Teruel (10.745).

Según ha dado a conocer la Federación de Servicios Públicos de UGT, la Administración con mayor número de empleados es la Junta, con 6.007 (de los que 4.062 son mujeres, el 67,62%); seguida del colectivo que forman los que pertenecen a ayuntamientos y Diputación, que suman 3.063, de ellos 1.751 hombres, el 57,16%); 1.794 corresponden a la Administración General del Estado (de los que 1.189 son hombres, el 66,27%; y 108 de la universidad (57 de ellos hombres, 52,77%).

De los miembros de la Administración General del Estado, 687 pertenecen a la Administración periférica, 776 de los cuerpos de seguridad del Estado, 41 de las Fuerzas Armadas, 212 se encuentran en la Administración de Justicia y 78 en entes con régimen específico.

Poder adquisitivo
El sindicato añade la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos (15,4%) tras tener subidas inferiores al IPC desde 2008, congelación en 2010, aplazamiento no recuperado en muchas Administraciones de las pagas extraordinarias de 2012 y paupérrimas subidas; y también para los jubilados, que han visto la pérdida del poder de compra desde el año 2010 en 2.300 euros junto con el aumento de la inflación en 2017 (subida del 1,2%),

Lo resumen en “pérdida de calidad de vida y un empobrecimiento cada vez mayor de Castilla y León con menor calidad de los servicios públicos y menos dinero a gastar”. La pérdida de poder adquisitivo contrasta con la subida de los altos funcionarios, donde la masa salarial se incrementó en un 41,9%, según FSP-UGT.