La iniciativa, planteada para su debate y votación en la Comisión de Fomento, ha surgido a propuesta de la Plataforma AP-6 Libre de Peajes y la asociación ecologista Centaurea, y defiende que la adjudicación concedida en 1999 a Iberpistas para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopistas de peaje (A-61 Segovia, A-51 Ávila y AP-6 Villalba-Adanero) fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010.

Una anulación producida por vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública al no publicar en el pliego de cláusulas administrativas del concurso la totalidad de obras a ejecutar por la adjudicataria.

"La sentencia dejó a las claras el chanchullo que el Gobierno de entonces había intentado cometer, adjudicando a una empresa cuya concesión acababa en 2018, metiendo otras dos autopistas de peaje", ha manifestado Carlos Bravo, de Centaurea.

Mientras, Ángel Zancajo, de la Plataforma Ávila Libre de Peajes, ha señalado que sólo reivindicación que se cumpla la ley, porque “la sentencia de un tribunal que está por encima de las instituciones españolas".

Según esta lógica, sustentada por Unidos Podemos en la iniciativa, la única concesión vigente es la original, de 1968, que expira el próximo 29 de enero, por lo que reclaman al Gobierno que no renueve la concesión y la gestión revierta al Estado.