El ganadero, Javier González, lleva nueve años dedicado al sector. Cuando fue a atender a su ganado, comprobó que los animales se encontraban nerviosos. La causa era el cadáver de un becerro de tres meses y siete días que yacía a menos de 500 metros del resto.

En lo que va de año, la ganadería lleva ocho ataques de lobos, que se han cobrado tres becerros de tres meses, tres de cinco meses y otro de diez. En 2016 sufrió otros 16 ataques y en 2015 perdió una novilla de tres años, por el que todavía no habría recibido la ayuda económica correspondiente a la compensación por parte de la Junta de Castilla y León.

El ganadero defiende que le pagarán 650 euros por el becerro atacado, pero podría haber llegado a obtener 750, lo que merma la “inexistente nómina” del empresario, según ha criticado la asociación agraria ASAJA de Ávila.

Para Javier González, más valdría que la Junta “no pensara en otorgar subvenciones a los ganaderos para cercar el ganado, sino en controlar a una especie cinegética que está haciendo mucho daño al sector”.

Según ASAJA, lo que reclaman las organizaciones ecologistas no es “adecuado” para el ganado extensivo de la provincia: ni el cierre de dicho ganado ni la presencia de mastines en las explotaciones.

La zona afectada se encuentra a 12 kilómetros del Parque Regional de Gredos, donde a “los político” no les “interesa” que se considere que “llega el lobo”.

Por ello, ASAJA insiste en efectuar nuevos controles poblacionales en la provincia y actualizar los baremos de las indemnizaciones por los daños ocasionados, una reivindicación repetida por Joaquín Pino, presidente de ASAJA Ávila.

Además consideran que las instituciones europeas deberían despejar las dudas en cuanto al territorio que abarca el Norte o Sur del Duero, para dar las herramientas jurídicas necesarias a la Consejería de Medio Ambiente.