Desde la plataforma se ha recordado que el 26 de octubre entregaron en el Parlamento autonómico a todos los grupos una proposición que se comprometieron a debatir a mediados de diciembre, ya que antes afirmaron que “estarían muy ocupados" con la aprobación de los Presupuestos de la Junta, que al final fueron aprobados la semana pasada.

Por este motivo, la proposición no se debatirá hasta febrero, cuando se reanudaran las sesiones parlamentarias, y será tarde “para las intenciones de la plataforma” porque a finales de enero se renovará o se prorrogará “por muchos años la concesión de los pesajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61".

"Nos creímos las promesas y ahora nos encontramos con que los señores procuradores se van de vacaciones, como si fueran colegiales, hasta que después de Reyes retomen de nuevo su actividad parlamentaria", lamentado la plataforma.

Cuando se aprueba la proposición no de ley elaborada por la plataforma, las Cortes instarán a la Junta a dirigirse al Gobierno para hacer cumplir la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se declaraba ilegal la concesión en 1999 a Castellana de Autopistas (Iberpistas, hoy Abertis) para la construcción, conservación y explotación de estas autopistas. De anularse la sentencia, se revertiría el peaje del túnel de Guadarrama de la AP-6 en 2018 y la liberación de los peajes de las autopistas con Ávila y Segovia.

También la proposición planteaba que el Parlamento autonómico inste a la Junta para que se dirija a la Comisión Europea para que investigue el proceso de licitación y adjudicación del paquete de autopistas de peaje.

Efectos del peaje

A la vez, pedía que se instase a la Comisión Europea a que se informara acerca del estado de cumplimiento por parte del Reino de España de la sentencia y "especialmente su incidencia sobre el coste de los peajes, sobre todo por los usuarios".

Tras no debatirse, la plataforma ha lamentado el “revés” que supone esta situación, y demandan a todos los partidos a que "cumplan con su palabra" y “hagan su trabajo” en el Parlamento.

"Esta plataforma, formada por ciudadanos de a pie con inquietudes normales, no pide ni más ni menos que se cumpla una sentencia de un Tribunal Europeo que está por encima de la jurisdicción española", han señalado, lamentando que resulta “triste o vergonzante” que “sean los ciudadanos quienes tengan que ser los que digan al Gobierno que cumpla con lo sentenciado”.

La próxima meta de la plataforma es llevar la misma proposición a las Cortes Generales. “Somos optimistas y esperamos que en próximas fechas ese viento vuelva a soplar a favor nuestro”, ha señalado la Plataforma ‘Ávila Libre de Peajes’.