La moción, presentada por el PSOE, tiene como objetivo que sea la Junta la que administre las residencias de personas mayores, centros de personas discapacitadas y centros residenciales, hasta ahora en manos de Diputación Provincial.

También piden que los medios personales que no se ajusten a la normativa autonómica o que no sean valorados como necesario, puedan ser reubicados dentro de la estructura de Diputación Provincial.

Ha salido adelante como transaccional con el Partido Popular, que ha sugerido ligeras modificaciones en la exposición de la moción.

Rubén Arroyo ha manifestado no obstante su temor porque los centros terminen privatizados, una vez al amparo de la Junta de Castilla y León. Carlos Moral Herranz, diputado de Unión, Progreso y Democracia, ha pedido que se retire la moción para un “adecuado estudio” y Santiago Jiménez, de IU, se mostraba reticente porque hace poco tiempo se preguntó a la Junta por las “competencias” de Diputación, ante lo que les respondieron que las ya “consolidadas” eran responsabilidad de la administración provincial. Por su parte, Alberto Becerril ha sugerido que se lleve a Comisión Informativa, sin añadir más porque “con las horas que son”, no iba a entrar “a hacer valoraciones”.